BOLETÍN DE PRENSA DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA FMS
Sucumbios, Ecuador septiembre, 2013
LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y SOCIALES DE SUCUMBIOS PONEMOS DE MANIFIESTO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS Y DE LAS NACIONALIDADES EVIDENCIADAS EN EL CASO DEL MAESTRO JERSON VÁSQUEZ MASICAYA.
La Corte Nacional de Justicia del Ecuador ratifica la injusticia e ilegalidad cometidas por los órganos de justicia de Sucumbíos en contra de Jerson Vásquez Masicaya, condenado por presunto transporte de sustancias prohibidas, y declara su inocencia, anulando las sentencias del Tribunal de Garantías Penales y la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia y ordenando su inmediata libertad.
En el mes de mayo de 2012 las organizaciones indígenas y sociales de la Provincia de Sucumbíos, hicimos público nuestro rechazo a los procedimientos de los órganos judiciales de esta Provincia, con respecto al juzgamiento del compañero colombiano Jerson Vásquez, perteneciente a la nacionalidad siona.
Tal como fue denunciado públicamente por nuestras organizaciones, la Corte Nacional de Justicia, en fecha 2 de septiembre de 2013, anula las sentencias de las instituciones de justicia de la provincia que condenaron a Jerson Vásquez. En la sentencia de la Corte Nacional se dice expresamente, entre otras cosas:
"...se ha violado la ley, por indebida aplicación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; errónea interpretación del anexo I, cuadro segundo de la ley referida; y, por haberse contravenido expresamente lo dispuesto por los arts. 79, 85, 86, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, e inobservando los arts. 24, 344 del Código de Orgánico dela Función Judicial y art. 10 del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (referido a nacionalidades indígenas)"
Y en base a este argumentación la Corte Nacional establece que estas "violaciones a la ley que se constituyen en errores de derecho deben ser corregidos en aras de la prevalencia de la justicia" y RESUELVE por unanimidad de los magistrados corregir el error cometido por los juzgadores de Sucumbíos, revocando la sentencia y "en su lugar se dicta sentencia ABSOLUTORIA, CONFIRMANDO EL ESTADO DE INOCENCIA DEL RECURRENTE JERSON VASQUEZ MASICAYA"
Recordamos que Jerson Vásquez fue detenido en Puerto el Carmen y trasladado a Lago Agrio el día 4 de diciembre de 2011 por haberse encontrado en una funda que llevaba en su mano 3 libras de bicarbonato de sodio, que iban a ser destinadas a la limpieza de la escuela del resguardo siona El Tablero, por acuerdo de los padres de familia de dicha comunidad, y como quedo probado durante el juicio. Sin embargo, el 14 de abril del 2012, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos dictó sentencia condenatoria contra Jerson Vásquez, condenándole a 8 años de cárcel y $18.000 de multa, por unanimidad de los Jueces que conformaban en ese momento el Tribunal.
El 9 de mayo del año 2012 se celebró audiencia de apelación ante la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que ratificó la sentencia condenatoria, reduciéndola de 8 a 3 años de prisión. En este caso la sentencia condenatoria fue aprobada con los votos de dos de los tres jueces que lo componían en ese momento, con la excepción del Dr. Juan Evangelista Nuñez Sanabria que votó por la inocencia de Jerson Vásquez.
Han tenido que pasar casi dos años, en que Jerson Vásquez ha estado recluido en el Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, por una sentencia injusta e ilegal, para que la Corte Nacional de Justicia pueda revisar el caso y declarar que 5 jueces (3 del Tribunal Penal y 2 de la Corte Provincial de Justicia) han violado la ley y condenaron a una persona inocente.
El compañero Jerson Vásquez por fin está libre, por fin ha sido declarada su inocencia, pero ¿quién le devuelve más de un año y medio de su vida perdido por los errores de los jueces de esta provincia? ¿qué sanción tendrán los jueces y jueza que dictaron estas ilegales sentencias?
Como organizaciones sociales e indígenas SOLICITAMOS del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos y del Estado que se tomen las medidas tanto correctivas como disciplinarias para que actuaciones como la presente no vuelvan a ocurrir en nuestra provincia.
Recordamos y exigimos que el ser de escasos recursos económicos o pertenecer a un pueblo indígena o ser habitante de frontera no convierten a una persona en delincuente.
Todos y todas tenemos derecho a la misma Justicia y a que los Jueces y Juezas conozcan la ley y la apliquen correctamente. En definitiva, que hagan Justicia.